Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, fue inhabilitado por ocho años para ejercer un cargo dentro de la función pública en el estado de Baja California, al acreditarle violaciones a los derechos humanos fundamentales, en su modalidad de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, cuando estaba al frente de la corporación preventiva en Tijuana, informa El Diario de Juárez.
Junto a Leyzaola también fue inhabilitado Gustavo Huerta Martínez, director de Policía y Transito, dio a conocer Albina Gómez Serna, directora de Responsabilidades de la Sindicatura Municipal de XX Ayuntamiento de Tijuana, entrevistada vía telefónica.
De acuerdo con la información publicada por la periodista Luz del Carmen Sosa, la denuncia fue interpuesta en enero de 2011, por un ex agente de la Policía Municipal en contra Leyzaola Pérez y Huerta Martínez, señalándolos de haber ejercido, facilitado y permitido actos de tortura en su persona para inculparlo en un caso de robo.
En marzo del mismo año, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió la recomendación 10/2011 al Ayuntamiento de Tijuana, por lo que continuaron con el procedimiento y “se encontraron elementos que señalan a Julián Leyzaola Pérez y de Gustavo Huerta Martínez responsables de actos violatorios de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California”.
“A Leyzaola y a Gustavo Huerta los inhabilitan ocho años para ejercer un puesto público dentro de Baja California nada más y es por la recomendación que recibió el alcalde por actos de tortura a raíz de una queja de policías municipales contra Leyzaola y Huerta por actos de tortura”, precisó.
“La sindicatura hace la investigación y concluye que procede la inhabilitación en contra de Leyzaola para ejercer cargos públicos, después de que ellos trataron de ampararse pero la justicia federal no les concedió el amparo, entonces procedió la inhabilitación. Ellos ya fueron notificados públicamente y se les envió hasta Chihuahua la copia de la notificación”, refirió.
El Diario buscó la versión del secretario de Seguridad Pública Municipal a través del vocero Adrián Sánchez Contreras, quien dijo que el funcionario municipal respondió no haber recibido ninguna resolución oficial y descartó emitir cualquier opinión al respecto.
